Ocho meses pasaron del crimen de Lucio Dupuy. Tenía 5 años y fue asesinado a golpes en la casa en la que vivía con su madre, y la novia de la mujer, en Santa Rosa, La Pampa. Ambas permanecen detenidas a la espera de un juicio.

Su caso no sólo conmocionó a la provincia y a todo el país, Argentina, sino que expuso falencias para la protección de menores ante casos de violencia doméstica. El proyecto de Ley Lucio, una esperanza.

A fines del año pasado, promovido por el diputado pampeano Martín Maquieyra se presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley de “Prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes”.

 También se están juntando firmas para exigir su tratamiento y aprobación.

El proyecto tiene 11 puntos, algunos de ellos son:

Capacitación obligatoria. Destinadas a funcionarios de los distintos poderes del Estado e integrantes de las diferentes áreas que intervienen en estos casos en todos sus niveles y jerarquías, en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes.

Campañas de concientización. Campañas de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en medios nacionales, provinciales y entidades públicas nacionales. El objetivo es visibilizar la violencia y la vulneración de derechos de los menores «deben contener de forma clara y precisa la información sobre cómo denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en cada jurisdicción. Además, deben brindar información que permita reconocer indicadores sobre posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes»

“Con el dolor inmenso que un abuelo puede sentir en este momento, no quiero qué haya más niños muertos en la Argentina de esta manera”.

Ramón, abuelo de Lucio en la presentación del proyecto de Ley.

Protocolo de acción conjunta. Establecer un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia. Unificar criterios a nivel nacional, que garantizan la trazabilidad de las denuncias y establecer mecanismos accesibles y apropiados para garantizar la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente al servicio de Justicia.

 Deber de comunicar. Exigir a los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes que «deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local o autoridad judicial competente, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad y falta grave por dicha omisión.»

Activación de la línea 102 a nivel nacional. Otro de los puntos solicita la activación de la línea 102 a nivel nacional. La provincia de La Pampa, es justamente la única en donde esa línea no existe aún. El objetivo es favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La normativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá asegurar su funcionamiento a nivel nacional y la trazabilidad de las denuncias realizadas.

“Estamos seguros de que nos va a acompañar gente de todo el país”.

Mario, abuelo de Lucio, durante la presentación del proyecto de Ley.

 

El proyecto de Ley Lucio, es similar a la Ley Micaela del 2018, que tiene como objetivo generar capacitaciones para que los profesionales que intervienen en la crianza de los chicos cuenten con las herramientas necesarias para darse cuenta cuándo un menor sufre violencia.

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